Outsourcing: Implicaciones en material laboral, seguridad social y fiscal
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El IJALTI y CANIETI Occidente, en colaboración con la firma Cuesta Campos, te invitan al webinar “Outsourcing: Implicaciones en materia laboral, de seguridad social y fiscal”, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de abril, de 17:00 a 18:30 horas.
En esta plática, Gerardo Valencia, director de Derecho Laboral en Cuesta Campos, y Sandra Chávez, asociada de Derecho Laboral, explicarán y resolverán las dudas de los participantes sobre la subcontratación (outsourcing) en temas laborales y de seguridad social.
Asimismo, Rafael Sánchez y Franscela Sapien, director y asociada del área de Derecho Fiscal, respectivamente, nos compartirán los puntos más importantes a tomar en cuenta desde la perspectiva fiscal, con relación a la misma reforma en materia de subcontratación.
NOTA: La liga para conexión al evento se enviará a través del correo electrónico unos días antes de la plática.
CONTEXTO
El pasado 14 de abril fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen del Proyecto de Reforma en Materia de Subcontratación, lo cual implica que, tanto la Ley Federal del Trabajo como diversas disposiciones legales, sufrirán cambios importantes en materia de subcontratación, buscando regular la subcontratación laboral en México, con la intención de erradicar las prácticas ilegales de las empresas, así como la evasión fiscal.
Esta reforma establece de forma general nuevas obligaciones para los patrones como la prohibición de la subcontratación de personal, se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social, dicha subcontratación, deberá formalizarse en un contrato por escrito, las empresas de servicios especializados deberán encontrarse registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, las multas eran desde las 2,000 y hasta las 50,000 UMAS por incumplimiento.
